México. Economía y criminalidad en el capitalismo contemporáneo

 

México. Economía y criminalidad en el capitalismo contemporáneo

Sandy E. Ramírez[1]

Sin esperanza

Ni destino que sepamos

Somos ciegos, que ven sólo a quien tocan

Ricardo Reis

 

El México de hoy es el retrato del horror: las fosas clandestinas, los feminicidios, los secuestros, los comandos armados, el huachicoleo y el desplazamiento forzado, forman parte del panorama cotidiano. No obstante, este horror tiene como contraparte una economía de la criminalidad. Sobre la base de la ilegalidad y la informalidad, enormes fortunas se han amasado,[2] nuevas o renovadas formas de trabajo coaccionado han aparecido, nuevas mercancías y mercados se han configurado: el tráfico ilegal de personas, de animales y mercancías legales e ilegales, el control mafioso sobre el territorio, el ejercicio privado de la violencia.

Si bien el desarrollo histórico del capitalismo está fundado en el avance de las fuerzas productivas, burlar la legalidad para asegurar el proceso de acumulación también es uno de los fundamentos del modo de producción capitalista. El despojo, la esclavitud, la piratería, y más adelante, la sobreexplotación, constituyeron mecanismos necesarios para el establecimiento y la operación regular del capitalismo. Hoy en día se han sumado el lavado de dinero, los sobornos, el trabajo “semiesclavo” así como los tráficos de drogas y de personas.

Los ingresos generados por esta industria son imprecisos pero se estima que la cantidad de dinero que regresa a la economía legal representa poco menos del 5% del producto global. Global Financial Integrity (2017) estimó entre 1.6 y 2.2 billones de dólares el monto que generaron 11 delitos a nivel mundial, lo que representa entre 2 y 3% del producto interno bruto global.[3] En 1998, el Fondo Monetario Internacional señaló que la cantidad de dinero que se integra a la economía legal (lavado de dinero) era equivalente al 5% del PIB mundial. Aunque su peso no es significativo en el producto global, el lavado de dinero adquiere relevancia por la liquidez que da a la economía legal en momentos de crisis, como el colapso financiero de 2008 (UNODC, 2011). Según Antonio Maria Costa, director de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) hasta 2010, el dinero proveniente del tráfico de drogas permitió a los bancos mantenerse a flote en el apogeo de la crisis de 2008 cuando la escasez de liquidez redujo los préstamos interbancarios. Según Costa, las ganancias del crimen organizado -que ascendieron a 325 mil millones de dólares en 2009- fueron en su mayoría absorbidas por el sistema financiero, es decir, habían sido efectivamente, lavados (Syal, 2009).

El caso mexicano es paradigmático de una transformación radical de la economía en todos los niveles. El milagro mexicano de los años sesenta es una referencia muy alejada del resultado que ha arrojado el neoliberalismo: la criminalidad atraviesa todas las escalas de la dinámica social, desde las estructuras del estado y la operación de las grandes empresas nacionales y transnacionales hasta el nivel de subsistencia. La industria de las drogas, y su ulterior diversificación, dan cuenta de esta transformación económica, así como de la penetración que la economía criminal ha tenido en las estructuras sociales y políticas, como lo demuestra el fenómeno del huachicoleo.

De acuerdo con el reporte de UNODC (2018), México se ubica entre los principales productores de opio y de mariguana, cultivos que se realizan principalmente en las zonas de alta marginación. El gobierno estadounidense calculó que más de 44 mil hectáreas del campo mexicano fueron destinadas al cultivo de amapola en 2017 (White House, 2018), lo que dio a las comunidades productoras ingresos aproximados por 19 mil millones de pesos (LeCour, Morris y Smith, 2019). Este monto da cuenta de la puesta en marcha de diversas estrategias de supervivencia –entre las que se encuentra la migración- frente a la pobreza que ha dejado el abandono del campo y la apertura comercial. Guerrero, el estado con el mayor índice de marginación a nivel nacional (Conapo, 2016), es también el mayor productor de amapola del país. En agosto de 2018, el Congreso del estado envío al Senado una iniciativa de ley para legalizar el cultivo, producción y comercialización de amapola para fines científicos y medicinales en el estado. En ese documento, se señala que Guerrero produce casi 60 por ciento de la amapola que se cultiva en México y afecta a cerca de 1 280 comunidades, predominantemente indígenas (Congreso de Guerrero, 2018).

Por otra parte, los datos disponibles de cultivo de mariguana indican que esta producción se concentra en la zona serrana en la que confluyen las fronteras de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, conocida como el Triángulo Dorado, donde sobreviven comunidades indígenas y mestizas.

En las zonas de producción de drogas ilegales el trabajo adquiere rasgos muy específicos. Es común que haya anuncios de trabajos falsos en el campo, con salarios más altos con respecto a otros cultivos. En Baja California, por ejemplo, se documentó el caso de unos jornaleros a quienes se les ofreció un empleo inicial de siete días por 500 pesos al día, con lo cual obtendrían 3 mil 500 pesos. En comparación, la cosecha de cebolla les reportaría por el mismo tiempo 770 pesos, es decir, 110 pesos por día (Zeta, 2010). El cultivo y la siembra de droga son realizados en su mayoría por mano de obra joven, algunos son migrantes que no llegaron a Estado Unidos y buscan una segunda oportunidad para cruzar la frontera. Sin embargo, es común que el pago no se concrete y aun cuando así sea, la intensidad del trabajo y la violencia a la que son sometidos los trabajadores no son compensadas por el pago. El mismo reportaje añade: “contrataban a hombres de entre 18 y 30 años sin familia ni conocidos, alejados de sus casas y con necesidad de dinero. Se les contrató para hacer trabajos de preparación de tierra, siembra, cosecha y cuidado de las parcelas, para lo que se les entregó un arma. En los campos se obliga a los trabajadores a eliminar cualquier cosa que brille. Duermen en las ramas o en una choza, camuflada. Se les pide que no utilicen ropa de color blanco; está estrictamente prohibida, así como que no usen colores rojos, fuertes o encendidos. No fogatas. Si acaso brasas para cocinar en un comal o una pequeña estufa, que no se note. La comida que les llevan es para que ellos se la hagan: algo de tortillas, arroz, frijoles, café” (Zeta, 2010). En un caso más extremo, el capitalista se ahorra el desembolso, pues algunos de los hombres que fueron llevados a laborar en esas tierras no vuelven a aparecer.

Otra modalidad de producción de drogas ilegales puede caracterizarse como trabajo domiciliario, como lo ilustra el caso de Guerrero. Los intermediarios entregan las semillas y otros insumos a cambio de pequeñas cantidades de la droga producidas por varias familias de una misma región. Normalmente se recibe dinero a cambio de su cosecha, pero el pago también se hace con armas de pequeño y mediano calibre, y más recientemente con cocaína y heroína. En este caso, la reproducción de la fuerza de trabajo es asumida por la comunidad o la familia y el producto se paga muy por debajo de su precio de mercado. Según la DEA (2018), el gramo de heroína pura alcanza un precio de 900 dólares en Estados Unidos, mientras que el kilo de opio en Guerreo se pagó por debajo de los 1,500 dólares en 2017 (aproximadamente, 28 mil pesos). Los intermediarios o acaparadores compran a cada uno de los productores la goma de opio y lo entregan a una organización con capacidad de transportarla a Estados Unidos; actualmente, los acaparadores que operan en Guerrero entregan el producto al Cartel Jalisco Nueva Generación (LeCour, Morris y Smith, 2019). Los pagos recibidos por la venta de goma de opio se vuelven un complemento al ingreso de las familias, en combinación con la producción de autoconsumo. En otros casos, no existe “contratación”, sino de secuestro y trabajo esclavo. En Sonora, por ejemplo, fueron hallados cincuenta jornaleros originarios del estado de Puebla, que habían sido secuestrados para trabajar encerrados empacando mariguana. Según las autoridades locales, los jornaleros, 15 de los cuales eran menores de edad, mostraban huellas de golpes y maltrato (La Razón, 2010).

La producción de drogas está fundamentada en la superexplotación de la fuerza de trabajo. Una de las fuentes de ganancia para los narcotraficantes provendría justamente del pago por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Aprovechando las condiciones seculares de marginación, empobrecimiento y desempleo del campo mexicano, los cárteles han ejercicio la violencia (tortura, hacinamiento, asesinato) para mantener deprimidos los salarios, e incluso evitarlos, de modo que las ganancias aumenten.

Además de la fuerza de trabajo campesina, se requiere trabajo especializado para garantizar que la mercancía llegue hasta el mercado de destino, por ejemplo, las tareas de procesamiento, transporte y vigilancia. Se ha documentado el secuestro de técnicos en telecomunicaciones para establecer los sistemas de comunicación entre los traficantes, la colusión con choferes de tráileres para transportar la droga en grandes cantidades y el reclutamiento de personal del ejército para ejercer tareas de vigilancia o cuidar de los cargamentos de droga hasta el paso fronterizo. A esta fuerza de trabajo calificada se suma otra porción de la población que es obligada a realizar tareas no calificadas, como el empaquetado, o que requieren un mínimo de entrenamiento, como la vigilancia. En este caso, la población más vulnerable y en mayores condiciones de precariedad -mujeres, niños y niñas, migrantes- suelen ser forzados a trabajar para los capitalistas de la droga. Según la Red por los derechos de la infancia en México: “En lo que se refiere al narcotráfico, los niños están involucrados en toda la línea de la industria. Los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de la droga y a partir de los 16 años empiezan a ser contratados como sicarios. Las niñas están involucradas sobre todo en el empaquetamiento de la droga” (REDIM, 2011: 37).

Las empresas criminales han desarrollado otros negocios. En general, podemos distinguir dos formas en las que ha operado la diversificación económica en este sector. En primer lugar, se puede verificar una tendencia al aumento de delitos que reportan ingresos a las empresas criminales (secuestro, extorsión, tráfico de personas y de armas, venta de protección). En segundo lugar se han establecido asociaciones con grandes empresas legales para venderles materias primas robadas, como minerales o energéticos. Ambas modalidades son expresión de un proceso de diversificación económica.

En Michoacán, la organización de Los Caballeros Templarios es una muestra de la diversificación económica que han emprendido los cárteles de la droga. De acuerdo con información de la Sedena, en 2013 esta organización ganó alrededor de 60 millones de dólares anualmente por el traslado y la venta de drogas, las extorsiones –a pequeños negocios, a empresas y a funcionarios estatales-, los secuestros y la venta de armas. Por el trasiego y venta de drogas, la organización recibió poco más de 29 millones de pesos; del robo de autos, la venta de armas y el secuestro obtuvo casi 8 millones de pesos. La extorsión fue el negocio más redituable después del tráfico de estupefacientes: por cobrar a empresas constructoras, ganaderas y agrícolas, y pequeños negocios –tortillerías, tiendas de abarrotes, bares, empresas de transporte- percibió 12.7 millones de pesos mensuales; de los 113 municipios, 40 pagaron cuotas mensuales - entre 20 mil y 241 mil pesos- y al menos cinco debían cubrir un porcentaje según el costo de la obra pública que realizaran (drenaje, alumbrado, pavimentación), lo que totalizó más de 9.3 millones de pesos en un mes (Becerra, 2011).

Tamaulipas es otro ejemplo de la expansión económica de los cárteles. En 2014, los empresarios tamaulipecos denunciaron los altos niveles de delincuencia de los que son víctima y que son cometidos por los miembros del cártel del Golfo y Los Zetas. Según el informe que ellos mismos elaboraron, en 2013 estas organizaciones obtuvieron 3 mil 461 millones de pesos, sólo por extorsión a empresas privadas y ciudadanos y por el robo de hidrocarburos a Pemex, sin contabilizar las ganancias por el comercio ilegal de drogas (Carrasco, 2014: 10).

De manera similar al caso michoacano, en Tamaulipas se estima en dos tercios la proporción que corresponde a la extorsión en los ingresos de la narcoempresa -al margen de los generados por el tráfico de drogas- y el resto a la venta de los hidrocarburos robados a Pemex. De forma detallada, los cárteles cobraron por “cobro de piso”: 276 millones y medio de pesos del transporte urbano de pasajeros; 151 de las industrias; casi 100 de tiendas de abarrotes; de bares, 85; 58.5 más de restaurantes; 20 de los productores de sorgo; 14 de consultorios médicos y dentales; 18 de hoteles, y 11 millones de pesos de los pescadores. Además, ganaron 403 millones de pesos por el monopolio de la venta de carne de pollo, 273 por el hurto de carga, 225 por el monopolio de reciclaje -de desechos metálicos, madera, papel, PET y otros polímeros- y 180 de robos con violencia a negocios. Asimismo, consiguieron 159 millones de pesos por secuestro, 100 por ventas en narcobares, 100 a través de la empresa Viento Rodeo -que vendió boletos de conciertos y espectáculos- y venta de cerveza en estadios, 59 por secuestro de migrantes, 53 por robo de vehículos, 52 por derecho de paso de migrantes, 44 por derecho de paso de transporte de carga, 23 por abigeato, 21 por asalto con violencia a transeúntes, 21 por derecho de paso a automovilistas, y 17 millones de pesos por robo con violencia a casa habitación. En Reynosa, con una plantilla de más de 94 mil empleados, los proveedores del servicio de comedor en las maquilas tuvieron que pagar 2.66 pesos por comida servida. Por el robo a Pemex, estos grupos obtuvieron por lo menos mil millones de pesos al año, incluyendo el robo de gasolina (500 mdp), de gas condensado (150 mdp) y de combustible (350 mdp) (Carrasco, 2014: 10).

Asimismo, los cárteles de la droga también han formado asociaciones con grandes empresas legales, incluso transnacionales, fungiendo como proveedores de materias primas a bajos precios, específicamente, de la madera, de los minerales y del gas condensado. En algunos casos, el origen de los productos adquiridos por dichas compañías se desconoce, pero en muchos se hace con pleno conocimiento e incluso con previo acuerdo con los intermediarios de los cárteles.

Con las pesquisas que se han realizado, se sabe que Los Templarios exportaban ilegalmente madera e hierro con destino a Asia, pagados en parte con precursores de drogas sintéticas. Por otro lado, la detención de 45 integrantes del grupo de autodefensas de Aquila, Michoacán, en 2013 puso en evidencia, por un lado, la extorsión de la que eran objeto los ejidatarios -a quienes se les exigía una cuota de más de 2 mil pesos mensuales de los 18 mil que entregaba la minera Ternium a 401 comuneros, como regalía por la explotación de la mina Las Encinas-, pero también la participación de Los Templarios en la explotación de minerales, como el hierro. En un boletín y en medios de comunicación, habitantes de Aquila denunciaron que las minas La Estanzuela y la Colomera eran explotadas clandestinamente por grupos delictivos, y su producción vendida a China, la economía que consume más acero a nivel mundial.

En noviembre del mismo año, se realizaron incautaciones de hierro en el puerto de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, demostrando la magnitud del delito y la complicidad gubernamental. De acuerdo con el Inegi, Michoacán produjo 7 millones 585 mil 529 toneladas de mineral en 2013 -lo que representó el 40.2 por ciento de la producción nacional (18 millones 839 mil 574 toneladas)- y Colima 2 millones 621 mil 613. Los municipios con mayor extracción fueron precisamente Aquila (19.3 por ciento) y Lázaro Cárdenas (14.2 por ciento) en Michoacán, y en cuarto lugar Minatitlán (13.8) en Colima (Camimex, 2014: 130).[4] Si se toman como muestra las incautaciones de exportaciones ilegales de minerales ferrosos en patios, buques y camiones realizadas en sólo seis meses (720 mil toneladas de mineral), éstas equivaldrían al 9 por ciento de la producción legal michoacana, o al 4 por ciento del total nacional.

Las ganancias por el traslado y exportación ilegal del mineral representan una parte importante de los ingresos de la organización michoacana, y también para las empresas legales. Según la información recabada por la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), los empresarios chinos pagaban entre 50 y 60 dólares por tonelada de mineral extraído (Rodríguez García, 2014:18) -en el mercado internacional su precio era superior a 100 dólares-, por lo que un cargamento de 100 mil toneladas podía generar ingresos al menos por 5.5 millones de dólares. Además, las autoridades han asegurado que por el traslado del hierro para su embarque se pagan entre 11 y 14 dólares adicionales cada tonelada, lo que elevaría el precio hasta 75 dólares por ese volumen. Estas cifras están por encima de lo que pagan las grandes mineras de la región, incentivando la explotación ilegal.

El levantamiento de los comuneros de Cherán en 2011 demostró que en el negocio de la tala clandestina y venta de madera en Michoacán también había participación de Los Templarios y de empresarios nacionales e internacionales. Los pobladores hicieron pública la cooperación entre ambos al denunciar que la deforestación de sus bosques se explicaba porque el cártel garantizaba el paso de camiones llenos de madera cortada ilegalmente por un pago de mil pesos -que en ocasiones reclamaba para sí mismo- y la operación de aserraderos ilegales. Según los cálculos del Consejo Mayor de Cherán, la tala ilegal reportaba hasta 40 millones de pesos al mes (Turati, 2012: 30).

El contrabando de gas condensado en el norte del país y su exportación hacia Estados Unidos es otra demostración de la integración de la economía legal e ilegal.[5] Según informes de la extinta PGR, citados por Ana Lilia Pérez (2011), el hurto de hidrocarburos en el noreste del país comenzó en 2006 facilitado por los contactos de Osiel Cárdenas en la policía estatal y federal, y por la complicidad de los trabajadores petroleros. La logística era llevar el condensado de cualquier punto de la Cuenca hasta la franja fronteriza de Tamaulipas y de ahí los embarques salían por las aduanas formales con documentos aduanales apócrifos en los que los cargamentos se registraban como si fuera nafta. Una vez en territorio texano, el producto se almacenaba en las terminales privadas de Port Isabel y Port Arthur. Desde esas terminales, la mercancía era entregada a sus compradores finales en lanchas y barcos (Pérez, 2011: 77). Pemex señaló que en ocasiones las pérdidas de condensado en la Cuenca de Burgos han ascendido al 40 por ciento de su producción. Entre 2006 y 2010 más de 300 millones de dólares en condensado de dólares habían sido robados (US Court, 2011: 9).

En 2010, Pemex interpuso una primera demanda en una corte de Texas en contra de compañías estadounidenses, por la compra de condensado que La Compañía -la dupla que formaban el cártel del Golfo y Los Zetas antes de su ruptura- había estado robando de la Cuenca de Burgos. Las compañías señaladas por la paraestatal fueron BASF Corporation, Murphy Energy Corporation, Trammo Petroleum Inc., BIO-UN Southwest Inc., Valley Fuels U.S., Petroleum Depot Inc., Continental Fuels Inc. y High Sierra Crude Oil Marketing. En 2011 la paraestatal amplió su acusación en contra de los consorcios Big Star Gathering Ltd. LLP, F&M Transportation Inc., Joplin Energy LLC, Hutchinson Hayes Energy LLC, Jeff Kirby, Plains All-American Pipeline LP, Sem-Crude LP, Saint James Oil Inc., Superior Crude Gathering Inc., Western Refining Company L.P. y Transmontaigne; y en 2012 se sumaron Shell Chemical Co. y su filial Shell Trading US Co. (STUSCO), Conoco Phillips Co., Sunoco Partners Marketing& Terminals L.P., FR Midstream Transport L.P. y Marathon Petroleum Co. En las demandas, los representantes de Pemex reiteraron que las compañías involucradas sabían, o debían saber, que el producto que estaban comprando era robado y aunque no fuera así habían violado la ley, ya no se aseguraron de que el hidrocarburo tuviera los derechos o título de propiedad. En Estados Unidos, Pemex sólo vende el condensado, y otros hidrocarburos, a través de PMI Trading Ltd.[6], consorcio que no vende ni a pequeñas empresas ni a través de intermediarios. Además, desde agosto de 2006 Pemex no había vendido condensado, por lo que todo el gas mexicano que hubiera entrado a Estados Unidos después de esa fecha, era robado.

En la acusación, la paraestatal reconoció que los miembros del crimen organizado robaban el condensado de los ductos, asaltaban las instalaciones de almacenaje, secuestraban y amenazaban a trabajadores petroleros, e incluso habían construido túneles y ductos para facilitar el traslado del gas robado (US Court, 2011: 7).

Las investigaciones realizadas por la Immigration and Customs Enforcement Agency (ICE) señalaron a compañías que compraron, transportaron y almacenaron el condensado robado. Es por eso que los abogados de Pemex llamaron “conspiración” a la coordinación que hubo entre empresas estadounidenses para comercializar el gas mexicano (US Court, 2011: 10). Vale resaltar el caso de Trammo Petroleum Corp., que reconoció haber vendido entre 2007 y 2009 más de 44 millones de dólares en gas condensado a tres compañías, que a su vez vendieron a BASF Corporation, una de las empresas de química más importante a nivel mundial. Murphy Energy, una de las implicadas, fue acusada por los agentes estadounidenses de proveer servicios de promoción y transporte del hidrocarburo a sabiendas de que el gas era ilegalmente exportado desde México y que eran los cárteles de la droga quienes entregaban el producto (US Court, 2013: 117). Sólo en 2009, Murphy Energy compró más de 50 mil barriles de condensado por un valor por 2 millones 473 mil 982 dólares, que revendió en más de 3 millones de dólares (US Court, 2013: 130).

A pesar de la escisión entre Los Zetas y el cártel del Golfo, y de las demandas impulsadas por Pemex, la ordeña de los ductos petroleros continúa y se ha extendido por todo el país. Pemex reportó en 2018 la existencia de 12 581 tomas clandestinas en 25 entidades federativas.[7] La cantidad de tomas registró un incremento de más de 7 veces con respecto a 2012 (Solís, 2019). No obstante, en diciembre de 2018 el gobierno federal señaló que 80 por ciento del robo de combustible se hace dentro de Pemex y sólo 20 por ciento a través de tomas clandestinas. Las ganancias que genera este robo, en todas sus modalidades, suma alrededor de 200 millones de pesos diarios (Pérez, 2018).

Así, la reciente cruzada para detener el robo de combustible deja entrever la profunda relación entre la economía y la criminalidad en al menos tres niveles: en la complicidad de las empresas legales -nacionales y transnacionales- y de las estructuras estatales, en la rentabilidad para las organizaciones ilegales -como los cárteles de drogas- y como recurso de supervivencia para comunidades empobrecidas. Además de la compra de combustible por empresas estadounidenses ya mencionada, el corto desabasto que sufrieron varias entidades del país a inicios de 2019 evidenció que una parte de la red de gasolineras del país vendía combustible robado. Así lo corrobora el bloqueo de cuentas bancarias de los socios de la red de gasolineras Hidrosina (Thourliere, 2019). Otro ángulo de análisis tiene que ver con el otorgamiento de permisos para operar la distribución de gasolina, a través de los puntos de venta al consumidor final. Thourliere (2019) reporta que entre 2015 y 2018 se emitieron 12 214 permisos para la operación de gasolineras. Entre ellos, se identificaron ex funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, dirigentes partidistas ligados al PRI, gobernadores y sus familiares, líderes sociales asociados al partido -como los de Antorcha Campesina- o de los sindicatos petróleo o de trabajadores de la educación, legisladores, e incluso personas vinculadas a capos de la droga, como Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.

Además de alimentar a una estructura gubernamental y sindical corrupta, el huachicol continúa empoderando a los cárteles de la droga. Patricia Dávila (2019) reporta que 60 por ciento del robo de combustible está en manos de dos organizaciones, el Cartel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, y sus ganancias ascienden aproximadamente a 47 mil millones de pesos diariamente.

Finalmente, es importante señalar que existe un sector empobrecido que ha sido fuertemente criminalizado, pero cuya participación en el robo de combustibles es reflejo de la transformación profunda que atraviesa este país y que, al igual que en el caso de la producción ilegal de drogas, se caracteriza por un beneficio efímero a costa de la vida. 

 

 

Referencias

Becerra, Juan Pablo (2011), “Ganancias de ‘Templarios’ superan 970 mdp al año”, Milenio, 6 de noviembre, disponible en http://www.milenio.com/policia/Ganancias-Templarios-superan-mdp-ano_14_185521447.html

Carrasco, Jorge (2014), “En Tamaulipas, gobierno y economía supeditados al crimen”, Proceso, 1968, Julio, México.

Conapo (2016), Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2015. Anexo A, México, Consejo Nacional de Población, 4 pp.

Congreso del Estado de Guerrero (2018), Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, para legalizar el cultivo, producción y comercialización de papaver somniferum o adormidera con fines científicos y medicinales, disponible en http://infosen.senado.gob.mx/.../INI_EDO_GUERRERO_CULTIVO_ADORMIDERA.pdf

Dávila, Patricia (2019), “El mapa del huachicoleo”, Proceso, 2204, 27 de enero, México.

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La Razón (2010), “Les dan trabajo… empacando droga”, La Razón, 28 de diciembre, disponible en http://www.razon.com.mx

LeCour Romain, Nathaniel Morris y Benjamin T. Smith (2019), “The U.S. Fentanyl Boom and Mexican Opium Crisis. Finding Opportunities Amidst Violence?”, Briefing Paper Series Building resilient communities in Mexico: Civic responses to crime and violence, Washington, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 31 pp.

Pérez, Ana Lilia (2011), El cartel negro: cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, Grijalbo, México.

Pérez, Ana Lilia (2018), “Dentro de Pemex, toda una ‘industria paralela’”, Proceso, 2200, 30 de diciembre, México.

Red por los Derechos Infancia en México (2011), Infancia y conflicto armado en México, México, REDIM.

Rodríguez García, Arturo (2014), “El narconegocio del hierro, con protección gubernamental”, Proceso, 1964, 21 de junio, México.

Solís, Arturo (2019), “Así creció la ordeña ilegal de combustible con Fox, Calderón y Peña Nieto”, Forbes México, 11 de enero, disponible en https://www.forbes.com.mx/asi-crecio-la-ordena-ilegal-de-combustible-con-fox-calderon-y-pena-nieto/

Syal, Rajeev (2009), “Drug money saved banks in global crisis, claims UN advisor”, The Guardian, 13 de diciembre, disponible en https://www.theguardian.com/global/2009/dec/13/drug-money-banks-saved-un-cfief-claims

Turati, Marcela (2012), “Rebelión contra la mafia michoacana”, Proceso, 1864, 22 de julio, México.

Thourliere, Mathieu (2019), “Las gasolinerías, pingüe negocio de una élite”, Proceso, 2205, México.

UNODC (2011), Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes, UNODC, Viena.

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White House (2018), New Annual Data Released by White House Drug Policy Office Shows Record High Poppy Cultivation and Potential Heroin Production in Mexico, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/new-annual-data-released-white-house-drug-policy-office-shows-record-high-poppy-cultivation-potential-heroin-production-mexico/

Zeta (2010), “Jornaleros del narco”, Semanario Zeta, Tijuana, 16 de noviembre.

 

[1] Maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Correo electrónico: sanerag@gmail.com

[2] Así lo constata la inclusión de Joaquín Guzmán Loera entre 2009 y 2012 en el listado de las personas más ricas del mundo que Forbes publica anualmente.

[3] Los once delitos que contabiliza GFI son, en orden de importancia: tráfico de drogas; tráfico de armas pequeñas; tráfico humano; tráfico de órganos; tráfico de bienes culturales; falsificación; comercio ilegal de especies animales; pesca ilegal, desregulada y no reportada; tala ilegal; minería ilegal y robo de combustibles (GFI, 2017: xi).

[4] Disponible en http://www.camimex.org.mx/files/8614/0544/1697/5estadisticas.pdf

[5]  El condensado aparece cuando el gas natural es extraído del pozo, y su temperatura y presión cambian lo suficiente para que parte del mismo se convierta en petróleo líquido. Definición disponible en: <http://www.pemex.com/ayuda/glosario/Paginas/A-D.aspx#.U8QDdfl5MXs>

[6] De acuerdo con el sitio web de la compañía “el grupo PMI es un conjunto de empresas encargadas de realizar actividades comerciales en el mercado internacional de petróleo crudo, productos petrolíferos y petroquímicos, realizando operaciones en más de 20 países”. Disponible en <http://www.pmi.com.mx/Paginas/Inicio.aspx>

[7] Información disponible en http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas.aspx